EL TELEFÓNICA NAVEGARÁ SOBRE AGUAS TURBULENTAS

La próxima regata alrededor del mundo Volvo Ocean Race, que dará inicio el próximo noviembre, contará de nuevo con la participación de un barco español patrocinado por Telefónica. La nueva unidad diseñada por el gabinete de Juan K y construida en la sede alicantina de los astilleros King Marine, ya ha navegado hasta Lanzarote donde el equipo tendrá su primera base de entrenamientos.
El patrocinio que la multinacional española lleva realizando durante diez años al deporte español y más concretamente a la vela de competición está muy bien y ha sido premiado recientemente.
Efectivamente el apoyo de Telefónica en vela olímpica, en crucero y en las últimas ediciones de la VOR con los “MoviStar”, “Telefónica Negro”, “Telefónica Azul” y ahora con el “Telefónica”, es de agradecer, pero tal y como están las cosas…algo chirría.

Los aproximadamente 20 millones que supone una campaña de la VOR con pretensiones de alzarse con el triunfo, seguramente supone el chocolate del loro para una compañía de esta envergadura, pero, al César lo que es del César, su última maniobra empresarial es intolerable y, desde mi punto de vista, empaña la participación de este equipo en la próxima VOR.
Pretender echar a 8.500 empleados, a costa del erario público, para mantener su nivel de beneficios invirtiendo en incentivos millonarios para sus directivos, al tiempo que esponsorizan un velero en la regata de vuelta al mundo… Cuanto menos quedará poco “elegante”.

La última Junta de accionistas de Telefónica aprobó tres planes de incentivos por valor de 565 millones de euros para directivos y empleados, la cuarta parte de las nóminas de un año para los 28.000 empleados de la compañía en España.
Telefónica argumenta en la memoria del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acaba de presentar y que afecta a 8.500 trabajadores (375 en Galicia), que el coste por empleado en la Península Ibérica es “elevado”, ya que asciende a 72.000 euros. Sin embargo, cada uno de los 1.900 directivos que se beneficiarán del plan de incentivos a largo plazo recibirán de media algo más de 236.000 euros cada uno, una cantidad a mayores de su sueldo. El 93% de los accionistas presentes en la Junta y representados votaron a favor de este y otros dos planes de incentivos, así como el pago de un dividendo de 0,77 euros por acción, hasta los 6.755 millones de euros.
Según la información remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los otros dos planes citados suponen una cuantía de 115 millones de euros y están destinados a directivos, empleados y también para los más altos ejecutivos. En el caso del plan para 1.900 directivos, cada año la compañía podrá decidir si amplía o no el importe de los bonus, que ahora están fijados en 450 millones de euros.
En el escrito del BNG que solicita la comparecencia del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que explique su postura ante el ERE de Telefónica, se denuncia esos planes de incentivos por más de 560 millones de euros, de los que un total de 50 millones van a parar a los tres principales directivos de la multinacional de telecomunicaciones.
Pese a la caída de los ingresos en España, los datos globales de la compañía han sido más que favorables, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto económico. La aportación de los mercados exteriores, especialmente Latinoamérica, ha sido decisiva para empujar el beneficio neto de la empresa más valiosa de la Bolsa española y una de las empresas más admiradas en el mundo de los negocios a nivel internacional. El año pasado, la empresa cosechó las mejores ganancias de su historia y de la historia empresarial española, al obtener un beneficio neto de 10.167 millones de euros.
Para mantener este ritmo de ganancias, la dirección ha optado por reducir gastos en la mayor cuantía, la de personal, pero al mismo tiempo impulsa los incentivos a directivos para, según su estrategia, obtener unos resultados todavía más sobresalientes.
Telefónica pretende que se sufraguen con fondos del Sistema Público de Empleo los gastos del ajuste de 8.500 empleos que se ha propuesto llevar a cabo, incluidas las cantidades que pudieran corresponder a estos trabajadores en concepto de desempleo.
El Gobierno quiere que Telefónica pague el paro de los despedidos de un ajuste que le costaría al Estado unos 270 millones, mientras que los directivos se van a repartir más de 550 millones.
Sin embargo la modificación de la norma, incluida en una enmienda a la ley de Empleabilidad y Protección Social, podría no llegar a tiempo, puesto que su votación tendrá lugar en julio, mientras el plazo de tramitación del ERE, presentado esta semana por Telefónica, se va a extender como mucho durante mes y medio.

*Fuentes: Xornal de Galicia.com y La Voz de Galicia